Ley de aportes al espacio público: oportunidad para comenzar a incorporar la ciudad en la planificación

Ley de aportes al espacio público: oportunidad para comenzar a incorporar la ciudad en la planificación

En el ámbito de la ciudad, los intereses públicos y privados no debiesen ser antagonistas, sino que actuar de forma complementaria. Sin bien actualmente existen instrumentos para preservar el interés público, como la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los planes reguladores, en la práctica éstos no bastan para abordar la complejidad del desarrollo urbano, como sucede por ejemplo, con muchas intervenciones que hoy no pagan por los costos de los impactos que generan en el entorno urbano, los cuales pueden ser muy difíciles y costosos de revertir.

Este fenómeno es el que vendría a solucionar el proyecto de ley de aportes al espacio público, que hoy se tramita en el Congreso. Actualmente la normativa obliga a construir obras de mitigación vial a los proyectos comerciales con más de 150 estacionamientos y los proyectos habitacionales con más de 250, que son definidas por un “Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano” (EISTU)[1]. Esto produce que muchos opten por construir un número de estacionamientos justo al límite de lo permitido, para evitar la obligación de compensar. Como resultado, el 95% de los proyectos no generan obras de mitigación vial[2]. Ejemplos de esto son sectores como “Sanhattan”, o Pedro Fontova en Huechuraba, que sufren un colapso vial producto de una multiplicidad de proyectos construidos “justo al tope” y sin ninguna mitigación.

Con la ley de aportes al espacio público[3], todos los proyectos, privados o públicos, sin importar su número de estacionamientos, estarán obligados a pagar por los costos de sus impactos, ya sea a través de la ejecución de obras, la cesión de terrenos para áreas verdes o equipamiento, o el pago en dinero, con un tope del 44% del valor del terreno del proyecto.

Un actor clave en esto serán los municipios, ya que éstos deberán elaborar un Plan de Inversiones que proyectará la vialidad, áreas verdes, equipamientos, infraestructura y sistemas de transporte en que deberán usarse los aportes recibidos. Estos recursos irán a un fondo que podrá ser usado sólo para estos fines, no para otros. Si una obra impacta en varias comunas, la Seremi de Vivienda y Urbanismo determinaría cómo se reparten los fondos entre los municipios. En caso que luego de dos años un municipio no cuente con ese plan, los desarrolladores no están obligados a realizar ningún aporte.

Sobre ese aspecto, debiera asegurarse que estos planes de inversiones en primer lugar existan, luego que éstos tengan alguna coherencia entre ellos, sino podríamos caer en una “hipermunicipalización” de la ciudad, acentuando los problemas ya por todos conocidos, y tercero, que los aportes sean de igual manera exigibles a los desarrolladores, en caso de que los municipios no cumplan con su rol. Como es sabido, las capacidades técnicas de la gran mayoría de los municipios son deficientes, lo que está en directa relación con los recursos que disponen. En efecto, muchos de ellos no cuentan ni siquiera con un Plan Regulador Comunal actualizado. Esto es preocupante si no se contempla desde ya en los cambios normativos que se están tramitando.

En segundo término, más allá del pago que deberán realizar ahora todos los proyectos, de hasta el 44% del valor del terreno, lo que importa es que la mitigación se materialice. No estaríamos avanzando si se siguen construyendo proyectos que, ahora con un pago de por medio, aumenten la congestión en las vías. La legislación vigente tiene la ventaja que asegura una superficie para uso público, que debe ser cedida por cada proyecto (hasta un 44% de la superficie del terreno), lo cual en espíritu debería al menos mantenerse.

Con el proyecto de ley en trámite, un desarrollador podría ocupar el 100% de la superficie de su terreno, sin ceder nada a uso público, mediante un pago del valor comercial de un porcentaje de éste (hasta el 44%). Luego, incluso, en el caso que las obras de mitigación contempladas por la municipalidad requieran el uso de una porción del mismo terreno (lo que antes estaba previsto con las cesiones de superficie exigidas al desarrollador), la municipalidad deberá expropiarle esa porción de terreno al desarrollador, debiendo muy probablemente destinar los mismos dineros recaudados anteriormente a este efecto. Por tanto, la decisión sobre si el proyecto debiera hacer una cesión de terreno o un aporte en dinero debería recaer en el municipio, ante una consulta de pertinencia de parte del desarrollador.

Además, como se dijo anteriormente, para los proyectos que impactan en más de una comuna, será la Seremi de Vivienda y Urbanismo la encargada de fijar cómo se distribuyen los aportes entre las comunas. Esto también es cuestionable, ya que los impactos de los grandes proyectos urbanos se verifican en varias comunas, más allá de la ubicación del terreno del proyecto, especialmente aquellos impactos en el sistema vial.

Por tanto, la ley de aportes al espacio público, que es un avance en el sentido de internalizar los costos por las externalidades de los proyectos, es también una oportunidad para generar un upgrade real en materia de planificación de las áreas metropolitanas. Los grandes equipamientos, espacios públicos, áreas verdes e infraestructuras de magnitud metropolitana requieren de una planificación, implementación y administración acorde con esa magnitud.

Los proyectos de cierta dimensión, cuyos impactos traspasan las comunas, debiesen realizar sus aportes o una parte de ellos a la ciudad. Para esto, sería adecuado un plan metropolitano de inversiones urbanas, que defina la “obra gruesa” de la ciudad, es decir las infraestructuras necesarias, priorizadas y programadas, que son susceptibles de ejecutar utilizando los recursos provenientes de los aportes al espacio público.

De esta forma, se estaría dando un paso gigante en la forma de hacer ciudad, contribuyendo a darle valor agregado a los grandes proyectos, mediante una inserción urbana que mejore la calidad de vida de las personas.


[1] Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), Artículo 2.4.3.

[3] Boletín 8493-14. Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.  http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php#

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About Carlos Carvajal

Arquitecto y Magíster en Proyecto Urbano P.U.C. Chile. Se ha desempeñado principalmente en ámbitos relacionados al Desarrollo Urbano y la Planificación Regional, en el sector público y privado. Temas: desarrollo urbano, planificación regional, ordenamiento territorial, proyectos de inversión pública, gestión y evaluación de proyectos urbanos. More Posts

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