Las áreas verdes metropolitanas

Las áreas verdes metropolitanas

Con la Modificación 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago se incorporarán 10.234 hectáreas al área urbana del Gran Santiago, de las cuales un 25% -2.557 hectáreas-, serán destinadas a áreas verdes planificadas, que incluirán parques, áreas de forestación y bordes viales.

La nueva normativa fijará el total de áreas verdes por sectores, y obligará a los desarrolladores privados a ejecutar o garantizar las áreas verdes que les correspondan, de forma proporcional a la superficie de área verde exigida del sector en que se emplaza el proyecto. Dichas áreas verdes deberán ser mantenidas por el mismo desarrollador por un período de 5 años, luego del cual, de acuerdo al actual marco normativo, deberían pasar a ser mantenidas por los municipios.

Este último punto no es menor, ya que implica fijar como punto de destino la misma situación actual, pero empeorada, por la mayor cantidad de áreas verdes que deberán mantenerse con los mismos recursos. Por tanto, debe enmendarse el rumbo para que al cabo de 5 años, el marco normativo, institucional y financiero de entonces permita fortalecer y potenciar lo avanzado (el regalo de áreas verdes mantenidas por 5 años), en lugar de buscar formulas para arreglar o parchar los errores, como hoy ocurriría.

Por otro lado, Parque Metropolitano administra 17 parques de escala metropolitana, mientras que la mantención de las áreas verdes comunales recae en los municipios. Como sabemos que la capacidad financiera de los municipios es deficitaria, y las prioridades de la gestión están lejos de querer ocuparse de las áreas verdes antes que otros problemas, se vuelve necesaria una figura institucional de nivel regional que se ocupe de esto. Esta figura debería estar en los Gobiernos Regionales, por dos principales razones.

La primera es que desde la creación de los Gobiernos Regionales, hace 20 años, ha sido una decisión del Estado, que se ha venido materializando de forma gradual a través de reformas, avanzar en pos de una descentralización, entiendo esto como un “proceso que, en el plano de su gestión, requiere de la asignación o del traspaso de competencias, es decir, de funciones y atribuciones a instituciones descentralizadas, a fin de que éstas cuenten con la adecuada capacidad de administración sobre el territorio”, tal como lo señala un proyecto de ley que mejora la Ley de Gobierno y Administración Regional, en tramitación desde 2008 en el Congreso.

La segunda razón, es que la primera decisión no ha estado acompañada de los recursos que se requieren, ni tampoco de las condiciones que permitan a las regiones buscar formas de generarlos, para no depender exclusivamente del presupuesto del Estado.

Como ejemplo, en la Región Metropolitana, a pesar de que la inversión pública anual ha pasado de los $ 456 mil millones en 2001 a los $ 782 mil millones en 2011 -un crecimiento promedio anual de 5,5%-, esa inversión sólo ha representado entre 1,3% y el 2,7% del PIB de la Región. Asimismo, la participación de la Región Metropolitana en el total de la inversión pública del Estado, en el mismo período, promedió el 29%, lo que es bastante inferior a la participación de la región en la población total nacional (41%), en la fuerza de trabajo (42%) o en el PIB nacional (43%). Para graficar de forma más elocuente la desfavorable situación de la Región, a pesar de haber pasando de $ 73.252 en 2001 a $ 113.653 en 2011, por habitante, su inversión pública per cápita ha sido siempre la más baja entre todas las regiones.

Entonces, hay necesidad de áreas verdes, recursos que no son suficientes, planificación de áreas verdes pero imposibilidad de asumir su mantención, ¿qué se gana con fortalecer los gobiernos regionales, permitiendo que asuman éstos la administración de las áreas verdes?

Primero, se es coherente con las definiciones que se han fijado como Estado en materia de descentralización. Luego, fortaleciendo esta entidad se podría de forma efectiva revertir la desigualdad territorial vinculada a la distribución de las áreas verdes, mediante mecanismos de gestión capaces de “sacarle el jugo” a las funciones que le otorga la Ley de Gobiernos Regionales, especialmente aquella relacionada con la creación de corporaciones de derecho público, con lo cual se podrá implementar formas de financiamiento público – privado, que permita generar los recursos no sólo para crear y mantener los parques, sino también desarrollar actividades vinculadas con ellos que permitan a estas áreas cumplir con su propósito.

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About Carlos Carvajal

Arquitecto y Magíster en Proyecto Urbano P.U.C. Chile. Se ha desempeñado principalmente en ámbitos relacionados al Desarrollo Urbano y la Planificación Regional, en el sector público y privado. Temas: desarrollo urbano, planificación regional, ordenamiento territorial, proyectos de inversión pública, gestión y evaluación de proyectos urbanos. More Posts

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